Tras hacerse público que el Ministerio del Interior transfirió 422 mil 847 soles a la cartera de Defensa para expulsar a ciudadanos nacionalidad venezolana a su país de origen vía aérea el próximo 2 de octubre por presuntamente estar involucrados en actividades ilícitas y que se encuentran en situación migratoria irregular al haber falseado documentación para su ingreso al país, según la Resolución Ministerial N° 0794-2021-IN, publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, diferentes organizaciones lo rechazaron.
El capítulo de Movilidad Humana de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, una organización que reúne a más de 70 ONG´s , expresó su preocupación:
¿Dónde están estas 72 personas ahora?, ¿han sido notificadas y cuentan ya con una orden de expulsión?, ¿se le ha dado el derecho a la justa defensa con los plazos debidos?”, cuestiona la organización.
Solicita que la @Defensoria_Peru esté presente como garante de la no vulneración de sus derechos, escribió en twitter.
En tanto, la Defensoría del Pueblo destacó que las decisiones de expulsión deben guardar irrestricto respeto de las garantías procesales aplicables, como el derecho a la defensa, debida motivación, a recurrir la decisión, y tomar en cuenta principios como la unidad familiar y el interés superior del niño.
Advertimos que la expulsión de solicitantes de la condición de refugiado resultaría una grave vulneración del principio de no devolución y un incumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado”, expresó la institución en sus redes sociales.
