El arrollamiento ocurrió el 1 de mayo del 2020. Foto archivo
17 meses han pasado desde aquella madrugada del primero de mayo en la que un numeroso grupo de migrantes venezolanos en Perú se disponían a regresar caminando a su país y vivieron la peor de sus pesadillas. Fueron arrollados y los choferes involucrados se dieron a la fuga en el kilómetro 39 de la carretera Panamericana Sur de Lima provincia, perteneciente al distrito de Barrancas.
El saldo de aquella tragedia fue la muerte de Yoivi Adriana Carraquel, José Gregorio Quaro Ramos y José Luis García Gil. Junto a ellos estaban Yoni Alberto Puerta Mercado, Ana Karina Rivas Pérez y Frank Martínez Escotte que sobrevivieron, pero aún sufren las secuelas de las lesiones que les dejó el incidente.
Por este caso fueron detenidos Marco Antonio Sánchez Cacha y Héctor Manuel Flores Salazar bajo las sospechas de haber cometido el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio culposo en agravio; sin embargo, el juez del primer Juzgado de la Investigación Preparatoria de Barranca declaró el sobreseimiento a Flores Salazar.
La autoridad judicial de la Corte Superior De Justicia De Huaura, también ordenó el archivamiento definitivo, así como la anulación de los antecedentes policiales y judiciales que se generaron en el presente proceso.
Flores era el chofer del segundo camión cisterna que atravesó el tramo en el que ocurrió la tragedia y las investigaciones determinaron que no habían elementos para vincularlo con los muertes o las lesiones que sufrieron los caminantes, como fue registrado en el expediente N°01517-2020-91-1301-JR-PE-01.
Temen impunidad
Los sobrevivientes que sufrieron las peores lesiones del arrollamiento no están conformes con el sobreseimiento de uno de los involucrados y temen que la historia se repita con el que queda preso.
Ana Rivas, expresó su indignación por considerar que la investigación no fue suficientemente rigurosa. “Se supone que ellos tenían que haber ido a la empresa de donde salieron las cisternas para investigar cuál fue la que salió a esa hora, pero claro, como no somos ciudadanos peruanos no le demostraron importancia a ese caso”.
Ella aún no se recupera y tiene una herida abierta: “Me deben intervenir nuevamente pero, aquí en Venezuela, hasta que no tenga todos los insumos, no me pueden operar”.
“Queremos que se cumpla la ley y el caso no quede así. Nosotros solo queríamos regresar a nuestro país y no merecíamos que nos hicieran eso”, reclamó Yoni Puerta, que actualmente padece de dolores en los tobillos y se auto rehabilita ante la falta de recursos para pagar un terapeuta.
El temor de la impunidad también persigue a Frank Martínez. “Al leer la sentencia me sentí defraudado, triste e impotente. Las pruebas están más que claras; no fue un fantasma quien nos atropelló”, agrega.
A su llegada a Venezuela Martínez no se pudo operar y tiene dificultad para caminar debido a que los dedos le quedaron pegados y cuando hace algún esfuerzo para movilizarse, se le abren las heridas.
Queda uno
El destino Marco Antonio Sánchez Cacha se decidirá en la audiencia virtual convocada para el 14 de octubre de 2021 a horas 03:30 PM.
“El tribunal debe fallar a favor de nosotros es un incidente xenofóbico y tiene actuar con todo el peso de la ley”, finaliza Puerta.
Acta de la audiencia de liberación
